Me escriben compañeros sorprendidos de que haya defendido a la competencia después de su metedura de pata al publicar una foto falsa de Hugo Chávez. No creo haber hecho tanto, pero es cierto que no me he sumado a quienes, en algunos casos con escasa legitimidad para dar lecciones de periodismo, han aprovechado para ajustar cuentas y poner en duda la profesionalidad de los colegas de El País.
Más que la pifia en sí, dice mucho del estado de la profesión el regocijo con el que fue recibida. ¿Alguien conoce un país donde los medios dediquen más espacio a denigrarse unos a otros? ¿Alguno dónde se haya instalado con total normalidad en las redacciones el término “guerra mediática”? ¿Uno donde los combatientes dediquen más tiempo a sus batallas empresariales, como si importaran al lector más que la guerra del Congo, el paro o el terrorismo? Sume a ello la constante celebración de los malos datos económicos o de audiencia del otro. La infantil repetición del “y tú más”, no ya a la hora de contar exclusivas, sino dependencias políticas. Los vetos que impiden reseñar el libro del autor que trabaja en el grupo rival. Y así…
Lo ocurrido con la imagen del presidente de Venezuela fue una negligencia que debería llevar a El País a revisar sus mecanismos de verificación. Para mí la clave está en que se trató de un error, no de una manipulación intencionada. El periódico lo admitió, lo corrigió y ha pedido disculpas. Mientras otros disfrutaban sin disimulos del mal trago del diario, a mí me venían a la mente los compañeros que habían intervenido en la decisión de publicar la imagen de Chávez. Pensé en mi mayor traspié profesional.
Empezaba en esto cuando llegó a El Mundo una convocatoria de prensa sobre una supuesta Fundación Sputnik dedicada al estudio de la carrera espacial rusa. Me mandaron a cubrirla y al regresar escribí una crónica sobre la ocultación por parte de Moscú de la pérdida de Ivan Istochnikov y la perrita Kloka en una misión en 1968. “El cosmonauta Ivan Istochnikov nunca existió…”, escribí al enumerar los esfuerzos soviéticos por eliminar las pruebas de que su soldado español hubiera existido. Solo que, efectivamente, no lo había hecho. Istochnikov y Kloka eran parte de una exposición montada por el artista Joan Fontcuberta, que completaba sus recreaciones con fotografías y ruedas de prensa en las que en ningún momento aclaraba que todo era ficción. Recuerdo como si fuera ayer la llamada de mis jefes para pedirme explicaciones. La humillación de haber fallado a mis compañeros y lectores. Y esa sensación de irreversibilidad: de que los errores, en este oficio, se llevan para siempre tatuados en tinta.
Equivocarse publicando una fotografía falsa es preocupante, pero no tanto como que en los grandes diarios se puedan leer estos días textos ininteligibles, con graves faltas de ortografía o sin los mínimos elementos que debe contener una noticia. Cualquier información errónea rompe la confianza con los lectores, pero más lo hacen las manipulaciones intencionadas, las informaciones que ponen los intereses empresariales propios por encima de los de los lectores o los silencios periodísticos que protegen a los poderosos, sean miembros de la monarquía, la banca o los partidos afines. Reemplazar una portada defectuosa es posible, pero no se puede decir lo mismo de los miles de profesionales que están siendo despedidos y sin los cuales la calidad del periodismo que se hace en España ha entrado en barrena. Por no hablar de la precariedad de los que mantienen su puesto, la creciente publicación de naderías en los diarios llamados «serios» o los recortes en la cobertura internacional. Pero no, me quieren convencer de que el gran problema de la profesión, la prueba definitiva de su decadencia, es que a El País le colaron una foto falsa de Chávez.
Yo le deseo a la competencia los menores éxitos posibles, ninguno a poder ser, pero no desgracias profesionales. Ni que se le estropee la imprenta ni que una agencia consiga venderle una imagen falsa. Llama la atención la cantidad de recursos, tiempo y espacio que los periodistas dedicamos a atacarnos entre nosotros. Uno preferiría ver esas energías empleadas en mejorar los productos propios, no vayamos a terminar todos partiéndonos de risa recordando, desde ese cada vez más concurrido cementerio de periódicos, las meteduras de pata que cometió el otro.
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El nivel de la prensa de éste País es el que es. Que nadie se extrañe.
Despues de tanta explicacion chuesca de MONTORO, resulta que La legislación de la AMNISTIA FISCAL no veta a quien esté en un proceso judicial. NOS TOMAN POR IMBECILES
La amnistía fiscal del Gobierno se ha convertido en un coladero por el que los defraudadores, algunos supuestamente corruptos, han blanqueado, hasta el momento, ingentes cantidades de dinero. A pesar de ello, el Ministerio de Hacienda insiste en que “no se permite regularizar rentas a contribuyentes con un procedimiento abierto administrativo o judicial antes de su presentación”. Pero lo cierto es que en toda la legislación que regula la Declaración Tributaria Especial (DTE) no se encuentra una frase que impida a un contribuyente con un proceso judicial en curso beneficiarse de la amnistía. Precisamente esta laguna es la que provocó un pulso entre los responsables de la Agencia Tributaria y los inspectores fiscales que advirtieron repetidamente del agujero.
Fuentes de la inspección de la Agencia Tributaria recuerdan que si la Audiencia Nacional no hubiera pedido la comisión rogatoria a Suiza que destapó que el extesorero del PP tenía una cuenta con hasta 22 millones, Luis Bárcenas se hubiera beneficiado de la amnistía fiscal sin ningún obstáculo. Hacienda ahora busca resquicios en la declaración de Bárcenas para tratar que el juez la declare nula. La vía en la que trabaja Hacienda es demostrar que Bárcenas engañó a Hacienda y el origen de los fondos es ilícito. Además, Hacienda insiste en que «la declaración tributaria presentada por una sociedad no surte ningún efecto en los administradores por las rentas no declaradas que ellos hubieran obtenido». Es lo que, supuestamente, hizo Bárcenas al regularizar el dinero mediante una sociedad, Tesedul, de la es titular. Así el juez podría anularla. Es por eso que el Ministro Montoro asegura que «la amnistía no sirve para ocultar delitos». Aunque si un evasor con una causa judicial regulariza y el juez no pide datos sobre su regularización este quedará impune.
El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó la amnistía fiscal el pasado 30 de marzo de 2012 mediante “el real decreto ley 12/2012 por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público”. El artículo 4 de la disposición adicional primera de esta norma señala: “no resultará de aplicación lo establecido en esta disposición en relación con los impuestos y períodos impositivos respecto de los cuales la declaración e ingreso se hubiera producido después de que se hubiera notificado por la Administración tributaria la iniciación de procedimientos de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias correspondiente a los mismos”. Es decir, impide expresamente sumarse a la amnistía a los que tienen una inspección de Hacienda o lo que se conoce como una paralela, pero no dice nada respecto a aquellos que están en un proceso judicial.
Dos meses más tarde, el 4 de junio el Ministerio de Hacienda aprobó la Orden Ministerial 1182/2012 por el que desarrolla el real decreto anterior. En el punto tres del artículo dos señala expresamente: “el titular real de los bienes o derechos que se correspondan con las rentas no declaradas no podrá presentar la declaración tributaria especial cuando previamente se haya iniciado un procedimiento de comprobación o investigación respecto de él o del titular jurídico de dichos bienes o derechos”. Es decir, de nuevo vuelve a obviar qué ocurre con aquellos que tienen cuentas pendientes con el juez.
Durante la vigencia de la amnistía, concluyó el 30 de noviembre, la Dirección General de Tributos emitió dos informes ante la avalancha de dudas presentadas por los despachos de abogados y asesores fiscales que preguntaban sobre los resquicios de la norma. En el primer informe elaborado por Tributos, del 27 de junio, se remarcaba expresamente que “no resulta procedente la comprobación aislada de la declaración tributaria especial”. Esta nota abrió otro frente con los inspectores porque les impedía revisar de oficio las declaraciones de los evasores que se beneficiase de la amnistía. De esta forma solo podían comprobar las más de 30.000 declaraciones presentadas si tuvieran un indicio seguro de fraude fiscal y lo podían justificar ante sus responsables, lo que en muchas ocasiones resulta difícil de demostrar sin antes revisar la declaración.
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Existe, sin embargo, otra norma que regula aspectos de la Declaración Tributaria Especial: la Ley orgánica 7/2012 de 27 de diciembre de 2012 que reforma el Código Penal en materia de lucha contra el fraude fiscal y de la seguridad social. Esta norma incluye una disposición adicional única sobre los efectos de la amnistía fiscal. “Se entenderán declaradas dentro del plazo establecido las rentas inicialmente no declaradas regularizadas a través de la declaración tributaria especial”. Los inspectores consideran que este apéndice al Código Penal bloquea la investigación penal para quien se acoja al indulto fiscal del Gobierno. Esta disposición se introdujo mediante una enmienda a la Ley presentada por el PP para reforzar las garantías a los defraudadores.
No obstante, el Ministerio de Hacienda se aferra al punto 4 del artículo 305 del Código Penal para justificar que los contribuyentes que tengan un proceso judicial abierto no podían acogerse al proceso tributario. “Se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de la regularización o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquel dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias”. Los inspectores consideran que este artículo del Código Penal y la anterior disposición adicional de la misma norma son incompatibles.
Asimismo, la propia Agencia Tributaria admite en un informe remitido a la Audiencia Nacional sobre la DTE en el que trata de invalidar la DTE de Luis Bárcenas que caben dos interpretaciones. Aunque tacha de “absurda y contraria a la razón” la que no le conviene.
Numerosos despachos de abogados consideran que mientras estuvo vigente la amnistía, el Ministerio de Hacienda hizo esfuerzos por garantizar la seguridad jurídica a los que se acogieran a ella. Y más cuando los primeros ingresos obtenidos por la DTE estaban muy por debajo de las expectativas del Gobierno. Esperaba ingresar 2.500 millones y solo recaudó 1.200.
Uno de los asuntos en los que insistió Hacienda desde el principio es que la amnistía era incompatible con actividades ilícitas. Es decir, que el dinero o los bienes procedentes de actividades ilegales no podría ser blanqueado. El problema estriba en la dificultad para probar la procedencia ilegal del dinero amnistiado. Precisamente, Hacienda se aferra a esta cuestión en el informe que remite a la Audiencia contra la DTE de Bárcenas: “El origen ilícito que puedan tener los fondos de propiedad de Bárcenas o de Tesedul (la sociedad con la que el exsenador regularizó el dinero de Suiza) no han quedado legalizados por el hecho de que está última haya presentado un DTE y una declaración complementaria”. Además, Hacienda considera que Bárcenas engañó en la declaración al tratarse de ocultar tras una sociedad pantalla, que recibió los bienes en 2006 cuando la sociedad fue constituida en 2008, según aduce la Agencia Tributaria.
El Gobierno ha aprobado este viernes el indulto a la joven madre de Requena (Valencia) que compró comida y pañales para sus hijas por valor de 193 euros con una tarjeta de crédito que encontró en la calle, hechos por los que fue condenada a un año y diez meses de cárcel y por los que en 15 días debía ingresar en prisión. No tenía antecedentes penales y no existe «habitualidad» en el delito (no era carterista). El asunto es que con la misma tarjeta sacó 250 €.
El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha decidido la conmutación de la pena privativa de libertad que tenía pendiente por treinta días de trabajos en beneficio de la comunidad a cambio de que no vuelva a cometer un delito en el plazo de tres años, según fuentes de Justicia.
Emilia Soria encontró en la calle hace cinco años y medio una cartera sin dinero pero con una tarjeta de crédito, con la que gastó 193 euros en alimentos y pañales para las dos hijas que tenía entonces.
Emilia, que ahora tiene una tercera hija, fue condenada a un año y nueve meses de prisión por un delito de falsedad en documento mercantil, y a otros seis meses de prisión por estafa.
La segunda de las penas fue conmutada por trabajos a la comunidad y al pago de una multa de 900 euros, que todavía está cumpliendo, pero no sucedió lo mismo con la primera, a juicio del letrado, por «un error técnico», ya que se la sustitución de la pena se pidió «fuera de plazo».
Hoy sabemos que si BARCENAS es condenado por sus 22 Millones de Euros evadidos y obtenidos de manera ilícita, podrá ser condenado a entre 1 y 5 años de cárcel. Como no tiene antecedentes penales no irá a prisión si se le condena a menos de 2 años.
¿ ES ESTO JUSTICIA ?
Además a quien se atreve a DENUNCIAR estas cosas, bien en los periódicos o bien manifestándose en GENOVA se les ACOSA Y AMENAZA DESDE EL GOBIERNO con QUERELLAS e ABUSO POLICIAL que trata de INTIMIDAR mediante IDENTIFICACIONES ARBITRARIAS.
Fruto de esos abusos hay gente en la Puerta del Sol denunciando esta situación (#Las5deSol), también SILENCIADA POR LOS MEDIOS. En fin mucha PENA DE PANORAMA: CRISIS, CORRUPCION, REPRESION E INJUSTICIA.
#Las5deSol «La Policía piensa igual que nosotros, pero no pueden decirlo» : http://www.youtube.com/watch?v=v9jwyhhOR10
De represión policial en la sede del PP a #las5deSol 03.02.13 http://www.youtube.com/watch?v=11X6juVhprk
31-1-2013 IDENTIFICACION EN LA SEDE DEL PP OVIEDO.
http://www.youtube.com/watch?v=EyR8HAvViHY
Cerca de un millar de manifestantes exigen la dimisión de Rajoy ante la sede del PP
http://www.youtube.com/watch?v=DLIkHSECpZE
Rajoy cuando miente guiña un ojo
http://www.youtube.com/watch?v=7jFueYlGqNI