“No hay para pagar servicios públicos”, ha dicho el presidente Rajoy. Sí hay para mantener diputaciones inútiles y un Senado inoperante, traductores al gallego o euskera incluidos. No hay para educación. Sí hay para los miles de coches oficiales que circulan por España. No hay para la sanidad pública. Sí hay para los bancos que contribuyeron a crear la crisis. ¿Para ciencia? Lo sentimos, no hay. Sí hay para dar este año 128 millones en subvenciones a partidos políticos, sindicatos y patronal. No hay para asistir con dignidad a personas discapacitadas. No hay, no hay, no hay. Por no haber, no hay ni para reponer el papel higiénico en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid. Si no le importa, me utiliza la Hoja de Reclamaciones.
Que no hay es evidente. Que hay que recortar gastos también. El problema es por dónde empezar. Si no sería moralmente coherente que el ex ministro de turno renunciara al retrato oficial antes de pedirle al anciano que pague sus recetas. Si no habría que deshacerse de los asesores enchufados por el partido antes de condenar al exilio a nuestros investigadores. Si tiene algún sentido reducir profesores en los colegios mientras se despilfarra en televisiones autonómicas, despachos palaciegos o el mayordomo, siempre puntual con el café mañanero. Todos aceptaríamos los recortes de mejor gana si fueran acompañados de un mínimo de autoridad moral.
Pero tampoco hay.
Sí hay para 68.462 concejales, 8.116 alcaldes, 1.040 diputados provinciales, 157 consejeros de cabildos insulares, los presidentes autonómicos y no menos de 17.000 asesores. No hay para arreglar el punto negro de la carretera comarcal donde todos los meses se mata algún conductor. Sí hay para comprar el último IPad a cada uno de nuestros diputados y reponerlo cuando lo pierden. No hay para ofrecer una justicia digna y eficiente. Hay para embajadas autonómicas, viajes y dietas.
No hay políticos preparados, gestores dispuestos a dar ejemplo o líderes que miren más allá de las próximas elecciones. Hay compadreo, mediocridad, servilismo ideológico y la determinación de que la carga del sacrificio recaiga en los que menos opciones tienen de defenderse. No hay interés en acabar con la corrupción, la duplicidad de funciones o las partidas que puedan afectar al tenderete político. Sí hay un acuerdo tácito de la clase política para mantener intacto el sistema que tan bien les ha tratado. Eso es lo que hay. Y si no le gusta, siempre puede pedir la Hoja de Reclamaciones. Aunque no se recomienda en el Centro Cultural Conde Duque. @DavidJimenezTW
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Hay un tipo de prevaricación legal y masiva del que no se suele hablar, que supone MUCHO DINERO PUBLICO, MUCHO. Se llaman entidades o empresas de capital público. Las hay de todo tipo, y son OPACAS hasta más no poder. Existen cientos y cientos de ellas, en gobiernos autonómicos, diputaciones, ayuntamientos, etc. Nunca cierran. Emplean a MILES de ex-cargos políticos, afiliados, amigos, mediocres, amigos de amigos, por todo España, y realizan trabajos que se les asigna directamente desde la Administraciones Públicas, en vez de hacerlo personal que ha pasado una posición o bolsa de trabajo pública, o en vez de empresas privadas por concurso público. Un verdadero escándalo del que nadie habla, y del que muy poco se sabe, por la total falta de transparencia. Lo único que se sabe es que están fusionando este tipo de entes para que parezca que hay menos.
Ayer, mi chica, valenciana y Farmacéutica de profesión, volvía a las 12h de la noche tras una reunión de urgencia con el Colegio de Farmacéuticos para ver cómo se actúa ante los 540 millones de euros que se les debe a las farmacias. Las mismas farmacias que llevan asumiendo desde hace 6 meses el gasto de los medicamentos de la Seguridad Social, lo que representa, de media, el 80% del total de sus ingresos. Vamos, como si un cirujano pagase la anestesia de su bolsillo y luego operase gratis. ¿Cuál sería la solución? ¿Dejar de servir a la gente, una gran parte de la tercera edad que necesita esos medicamentos para, literalmente, seguir viviendo? ¿Conseguir que el conseller de Sanidad -que repite como un loro aquello de «el próximo lunes cobráis. Seguro», ¡mentira!-, les reciba y les dé una solución? ¿Ir a negociar directamente con Madrid, cortar la Castellana y que les ahostien como han hecho con los mineros?
Cuento todo esto no porque el sector farmacéutico -tan denostado, hoy por hoy más injustamente que nunca, todo sea dicho de paso- merezca más atención mediática que cualquier otra infamia de las que día a día nos están poniendo al borde de ese rescate moral fundamental. No. Cuento todo esto porque estamos llegando a punto que espero, deseo y ansío que sea de verdadera inflexión; ya no podemos seguir quejándonos. Ya no podemos seguir poniendo el grito en el cielo ni viralizar titulares, indignados, por cuanta red social exista. Hay que salir a la calle, actuar, exigir el cese inmediato del insulto y el desprecio a la ciudadanía. Y no por recuperar la dignidad, esa dignidad moral que por supuesto se ha de recuperar a la mayor brevedad posible, sino por recuperar ese estado de bienestar que debería ser inherente al s.XXI y que está dejando a la gran mayoría a las puertas de un comedor social.
No hay derecho.
Ojalá aquello de «hablando se entiende la gente» fuera una fórmula mágica. Pero me temo que no. Me temo que sin violencia no hay cambio, Sí, VIOLENCIA, en mayúsculas, una dramática constante en nuestra evolución, en nuestra Historia. Aprendamos de los mineros. Que un Camps tenga miedo de bajar del coche oficial para recorrer a pie los 10 metros que le separan del Juzgado de turno por lo que le pueda pasar durante el trayecto.
Hay que salir ya a la calle. Urgentemente.